Ecuador está en el puesto 138 de entre 163 países por corrupción (El Comercio -Ecuador)
Berlín, DPA, Elcomercio.com
La organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) calificó hoy al Ecuador con 2,3 puntos sobre 10, y con ello ubica al país en el puesto 139 de entre 163 países que incluye el estudio.
Esta es una de las peores puntuaciones en América Latina, junto a Venezuela que también obtuvo 2,3 puntos.
TI destacó hoy el "empeoramiento significativo" en los niveles de corrupción percibida en Brasil, Cuba y Estados Unidos, entre otros países, al tiempo que puso de manifiesto la relación directa entre la pobreza y la corrupción.
Al presentar en Berlín su Índice de Percepción de la Corrupción 2006, la organización dedicada a la lucha contra la corrupción a nivel mundial mencionó también a Israel, Jordania, Laos, Seychelles, Trinidad Tobago y Túnez entre los países en los que se ha registrado la evolución negativa más marcada frente al año pasado.
Por el contrario, TI afirmó que entre los países con una mejora más destacada de los niveles percibidos de corrupción se encuentran Uruguay y Paraguay, además de Argelia, República Checa, la India, Japón, Letonia, Líbano, Mauricio, Eslovenia, Turquía y Turkmenistán.
En el Índice de Percepción de la Corrupción, elaborado anualmente por Transparencia, aparecen 163 países clasificados según los niveles de corrupción que se perciben entre sus funcionarios y políticos. El estudio fue confeccionado en base a 12 encuestas diferentes en las que fueron consultados expertos y empresas.
En el último lugar de la lista aparece Haití, con 1,8 puntos en una escala del 0 al 10. Transparencia Internacional precisó sin embargo que, pese a que Haití es el país en el que se perciben los mayores niveles de corrupción dentro de los analizados en el estudio, esto no quiere decir que sea el país más corrupto o que los haitianos sean el pueblo más corrupto del mundo.
"Si bien la corrupción es uno de los retos más imponentes a los que se enfrentan una buena gobernabilidad, el desarrollo y la reducción de la pobreza en Haití, la inmensa mayoría de sus habitantes tan sólo son víctimas de la corrupción", afirmó la organización no gubernamental con sede en la capital alemana.
En el penúltimo puesto de la lista aparecen Guinea, Iraq y Myanmar, con 1,9 puntos, por detrás de Bangladesh, Chad, República Democrática del Congo y Sudán, con un 2,0. En lo más alto de la lista, Finlandia, Islandia y Nueva Zelanda comparten la puntuación más elevada con un 9,6.
Desde el punto de vista de Transparencia Internacional, dichos resultados apuntan a una estrecha relación entre la corrupción y la pobreza, algo que queda patente en la acumulación de Estados empobrecidos al final de la clasificación.
"A pesar de la década de avances en la definición de leyes y normas anticorrupción, los resultados que hoy presentamos indican que todavía queda mucho por hacer antes de que podamos registrar una mejora significativa en las vidas de los ciudadanos más pobres del mundo", afirmó la presidenta de Transparencia Internacional, Huguette Labelle, al presentar el estudio.
Casi tres cuartas parte de los países que aparecen en el índice tienen una puntuación inferior a cinco, lo que demuestra según la organización que la mayoría de los países del planeta se enfrenta a unos niveles "graves" de corrupción percibida. Cerca de la mitad del total recibió incluso una puntuación inferior al 3,0.
España ocupa el puesto 23 de la lista, con 6,8 puntos, y es superada por Chile en el puesto 18 con 7,3 puntos, el país de América Latina en el que se perciben los menores niveles de corrupción, seguido por Uruguay con 6,4 puntos.
Transparencia Internacional abogó por aplicar medidas contundentes para actuar tanto contra la parte sobornante como la sobornada, incluyendo la persecución penal de sobornos en el extranjero contemplada en la Convención contra el Soborno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Entre las medidas propuestas por la organización al presentar su informe se encuentran también la publicación de los activos de los funcionarios y la adopción de códigos de conducta en los que se condene la corrupción.