Las autoridades y su delito de omisión.

Hemos acudido al Congreso Nacional, al Tribunal Constitucional, al Consejo Provincial de Pichincha, a la FAO, La Comisión de Control Cívico de la Corrupción CCCC y la Procuraduría, pero nadie siquiera a contestado a nuestros pedidos, realizados por escrito y registrados en sus secretarias, cuando la ley como en el caso de la CCCC le señala 15 días el plazo para contestar una denuncia.
La Defensoría del Pueblo que en un principio nos ayudó por parte de su secretario René Mouge, pero en la oficina de aplicación de la Ley de Transparencia, donde 4 abogados pasaban viéndose las caras, tomando café y comiendo al medio día, entorpecidos en su trabajo por una abogada que es su jefe, sólo tuvimos una pérdida de tiempo, hasta llegar al punto en que una reunión con los medios para presentar nuestra denuncia a la comunidad con la ayuda de la Defensoría fue olvidada, la secretaría de prensa nunca lo supo y el día que debíamos acudir y fuimos con todo el material, nadie sabía nada.
Ahora estamos en un tramite judicial contra la Ministra del Ambiente, en el Juzgado 4º de lo Civil, por no querer darnos información conforme lo señala la Ley de Transparencia, pero ya el juez violó el procedimiento y en esta semana no ha hecho nada cuando sólo disponía de 48 horas para actuar luego de recibir el testimonio de las partes.