Pruebas de la corrupción en el Ministerio del Ambiente
Quito,15 de Agosto del 2005
Sr.
Presidente de la Comisión de Control Cívico de la CorrupciónQuito
CiudadDe mis consideraciones
Por el presente documento solicito la intervención de la institución que usted dirige para tomar medidas y señalar responsabilidades en el siguiente delito que paso a explicar y señalo culpables;
El día 1 de junio del 2005. La Fundación Ecotrackers condujo a un grupo de policías de la Unidad de Protección del Medio Ambiente a la captura de los camiones que transportan ilegalmente madera, que proviene de la Reserva Ecológica de los Ilinizas, donde la Fundación hace un trabajo desde el año 2000 para desarrollar el ecoturismo, en el que participa también la Universidad Central. La denuncia fue presentada ante Vigilancia Verde con mas de un año de espera y atendida por finalmente por la policía ambiental ante la negligencia de otras instancias, la diligencia fue hecha por 4 policías a las ordenes del Subteniente de Policía Miguel Mayorga (telf. 099494267), estando al tanto de la operación Vigilancia Verde y la Fiscaliza del Ambiente mediante una denuncia contra el Sr. Nelson Cundulle, principal traficante de madera de la zona.
El resultado de esta operación fue la captura de dos camiones con madera: un camión Hino color blanco de placas XBP-793 conducido por el Sr. Mena Andino Wáshington que transportaba 4m3 de madera canaelo-jigua y otro camión marca Omnibus color azul de placas AAG-988 conducido por el Sr. Macias Cocha Manuel CI 171120170-5 que transportaba tablones de la especie canelo, sin las respectivas guías de movilización y que opera en la zona, como propiedad del Sr. Nelson Cundulle, quien encubre el trafico ilegal de madera, como operaciones de transporte de leche desde hace 20 años, pero acelerada en estos últimos años con la introducción de gente extraña a la zona que operan como motosierristas o taladores del bosque a sus ordenes y financiamiento.
Estos dos camiones y la madera fueron trasladados al cuartes de la UPMA (Unidad de Protección del Medio Ambiente) en la Armenia en el Valle de los Chillos
Señalo que los tablones de la madera de canelo el la madera más cara del lugar y una especie en peligro. Recalco también que ambos vehículos carecían guía de movilización, e indico que los policías también procedieron a filmar y fotografiar el delito y el lugar de origen de la madera, situado en la margen sur del Río Sarapullo y en la margen nor-oriental que corresponden al territorio del área protegida, y que es la fuente de abastecimiento de agua para el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón considerado prioridad nacional.
Para cubrir la noticia de esta captura acudió al día siguiente a la UPMA el periodista Hector Anchotuña (telf. 09904639) de diario EXTRA, que fue invitado a la captura mas no pudo acompañarnos, pero recogió la información correspondiente y al que puedo presentar como testigo.
Se procedió a presentar el correspondiente parte con la firma de la Coronel Tereza Carraza, Jefa de la Unidad, con el oficio N0. 2005-195-SRN-UPM-PN el día 2 de Junio del 2005 dirigido al Ing. Henry Pico Aguayo. Jefe del Distrito Forestal de Pichincha sobre la captura del camión de placas XBP-793.
De igual el mismo funcionario recibió el Oficio No 2005-203-SRN-UPM-PN con la misma fecha (2 de junio del 2005) sobre la captura del camión de placas AAG-988.
De manera personal me comunique con el Ing. Antonio Tisalema por teléfono (2750322) , que era la persona que había asumido funciones como director Forestal de Pichincha, solicitándole, es más exigiéndole el máximo de honestidad en el procedimiento.
Sin embargo de todo esto, el abogado Dr. Gerardo Tapia Vargas, Secretario de la Junta de Remates en Santo Domingo, en conocimiento del Ing. Antonio Tisalema, POCEDIO A HACER UN REMATE FICTICIO O DOLOSO, sin la publicación del remate en un diario, que demanda la ley, no informo al respecto al denunciante, para que presencie el remate, a pesar de que conocía nuestra intención de rematar la madera y aun cuando sea por simple demostración de pulcritud en el procedimiento, y luego del remate no ha procedido a pagar el 50% del valor obtenido en el remate a la Fundación Ecotrackers, que no sólo fue el denunciante, sino que guió a los policías a la captura, financiando los gastos de combustible y alimentación.
El día 11 de agosto, en las oficinas del Ministerio del Ambiente, donde se realizaba un remate de madera este abogado, se negó airada y autoritariamente a darme información de lo ocurrido con esta madera capturada, indicándome tan solo que ya fue rematada hace tiempo, negándose llamar a su secretaria para a darme la información fidedigna del caso, lo que motivo mi ira. Tampoco han querido informar al respecto ningún funcionario de esta dirección, con la justificación de que el abogado Tapia es el único que maneja estos archivos.
Lo curioso es que la madera que se remataba ese día 11 de agosto 05 en Quito, era la que estaba en UPMA, al igual que capturamos nosotros, que tampoco se había hecho ningún anuncio público por los medios de comunicación para el remate, como en nuestro caso, faltando a lo señalado en la ley y que por algún extraño motivo, a ésta se la remataba en Quito y a que capturamos se la remató en Santo Domingo, sin que nadie pueda explicar el porque hay maderas que se rematan en Quito y las otras no.
Lo mas lamentable de todo es que finalmente la madera volvió, de alguna extraña manera, a los mismos traficantes detenidos, que luego regresaron a la comunidad a intimidar a las personas de Sarapullo que nos apoyan. Los traficantes de madera y deforestadotes ilegales, envalentonados por este acto de impunidad nos amenazaron de muerte. Esto ha repercutido en la pérdida de confianza de la parte la población que nos ayudaba en el proyecto de turismo, que ahora no sólo que se niegan a cooperar con nosotros, sino que se han sumado algunos a los depredadores del bosque o prefieren encubriros y callar.
Existen al momento 4 camiones que continúan con el trafico diario regular y ahora hasta con 2 viajes al día. Al presentarnos en la comunidad con 7 voluntarios, mi hija de 11 años y yo , el día domingo 31 de julio, para hacer nuestro trabajo y acordar un proyecto de desarrollo sustentable con nuestros aliados, fuimos amenazados de muerte por una parte de los moradores de Sarapullo y en especial de la comunidad de Dos Ríos, comunidad de invasores, establecida ilegalmente en la Reserva de los Ilinizas hace 2 años, con la total indiferencia del Ministerio, incapaz de proteger el patrimonio de los ecuatorianos en este lugar.
Estas comunidades que nunca antes se hubieran atrevido a este gesto, nos atacaron como una turba encabezada por el Sr. Guido Reyes, quien ayuda a los traficantes en la fabricación de las ilegales guías de movilización,( nadie en la zona posee escrituras de propiedad de sus terrenos, por ser invasiones a áreas protegidas y este es el requisito básico para sacar madera de un lugar). Empezaron por advertirnos que no entorpeciéramos y calláramos ante el delito que ellos perpetraban en la Reserva y no procedieron una violencia mayor al ver mi determinación de usar el machete que tenía en mis manos. Penosamente y en horas de la noche logramos salir de esta peligrosa situación. Finalmente esta impunidad ha desalentado el trabajo de nuestros voluntarios y del proyecto que llevamos en la zona. Nos toca asistir a una destrucción masiva y violenta de la naturaleza por la corrupción gubernamental.
Todo esto se hizo ante la insensibilidad de la Ministra, que por su negligencia y delito de omisión, manifestado en su desinterés sobre este problema. Esta omisión se ha traducido en la negativa repetida a tomar cartas en el asunto, al no concederme una entrevista que solicité en repetidas ocasiones, desde la segunda semana de Mayo y le volví a insistir varias veces de manera personal ante su oficina y hasta le deje una nota escrita a mano. Además su omisión se manifiesta por su incapacidad para atender la solicitud que le hice por Internet sobre los detalles de los remates de madera, conforme la ley de Transparencia, hechos hace un mes, pedido del que tiene conocimiento el director de capital natural y el director Forestal Nacional, al que también solicite que se nos permita custodiar la madera confiscada y supervisar los remates.
Indico que el delito de se tradujo en que Ministra pretendió agotar mi tiempo, mi paciencia distrayendo mi demanda en un interminable rollo ante funcionarios sin autoridad ni capacidad de gestión, pues dada la descentralización administrativa, ni el director de Capital Natural ni el director Forestal del Ministerio que finalmente me atendieron, tenían autoridad para detener la corrupción que hay en las regionales donde los directores regionales actúan como vice-ministros, y pueden proceder como lo denuncio, encubiertos en sus trampas por los abogados de estos distritos y solo la Ministra, tiene autoridad sobre ellos.
Señalo a la Ministra y su burocratismo, a su falta de carácter, de determinación, su incapacidad para demostrar valentía para ponerse las botas y visitar las zonas de desastre ecológico y castigar los delitos, y sobre todo su desidia y omisión como lo prueba lo ocurrido en el Parque de los Ilinizas.
Esta actitud la convierten en cómplice involuntaria pero responsable por su incapacidad, de los delitos en la deforestación como lo demuestra lo que ocurre en la Reserva de los Ilinizas. Su actitud ha sido indolente a pesar de que esta reserva es básica para los intereses de la Provincia de Pichincha y su proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón.
Por esto, pido a usted la sanción al Director Regional de Pichincha Ing. Antonio Tisalema, al abogado Gerardo Tapia Vargas secretario de la Junta de Remates de la Regional de Pichincha y a la Ministra Anita Albán Mora para lo cual exijo el cumplimiento del Art 20 de la Constitución Política del Estado
Art. 20.- Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados, en el desempeño de sus cargos.
Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y harán efectiva la responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave judicialmente declarada, hayan causado los perjuicios. La responsabilidad penal de tales funcionarios y empleados, será establecida por los jueces competentes
Adjunto los documentos correspondientes y solicito el seguimiento de las investigaciones hasta la sanción correspondiente a las autoridades implicadas directa e indirectamente en estos actos de corrupción y omision. Esperamos que su procedimiento además signifique, el pago a Ecotrackers del valor que le corresponde por la madera de canelo y por las consecuencias que esto ha representado en el desarrollo del Proyecto Sarapullo, pues este dinero será un fondo para pagar la movilización de la policía y los medios a fin de combatir la deforestación en los lugares en que trabajamos.
Solicitamos que se nos permita supervisar los remates y la custodia de la madera ilegal capturada y detenida, conforme lo señala el artículo 120 de la ley forestal. ART. 120.- Sobre la base del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, previsto en la ley, el Ministerio del Ambiente estructurará el Sistema Nacional Tercerizado de Control Forestal como un mecanismo para mejorar la gestión administrativa y la supervisión forestal, incorporando: a profesionales forestales organizados en la Regencia Forestal; a la sociedad civil organizada junto a la fuerza pública en un cuerpo público-privado de control forestal y vida silvestre; y a la iniciativa privada que por delegación del Estado preste servicios de administración y supervisión. Estos elementos, en su conjunto conformarán un sistema de control y verificación eficiente y transparente.
También sirva para detener la corrupción del Ministerio del Ambiente, para lo cual hemos vuelto a insistir ante este Ministerio que se nos de la información de la madera incautada, los remates, las guías de movilización y las autorizaciones de tala de madera, conforme lo permite la nueva Ley de Transparencia para hacerla pública en nuestra pagina Web y motivar la participación nacional e internacional para frenar este delito y fuente de corrupción en el Ecuador apoyados en el Art. 4 y de la Ley de transparencia
Aartículo 4: "Principio de Publicidad.- Por el principio de publicidad se considera pública toda la información que crearen, que obtuvieren por cualquier medio, que posean, que emanen y que se encuentre en poder de todos los organismos, entidades e instituciones del sector público y privado que tengan participación del Estado en los términos establecidos en los Art. 1 y 3 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La información requerida puede estar contenida en documentos escritos, grabaciones, información digitalizada, fotografía y cualquier medio de reproducción".
Art. 14.- Plazo.- El titular de la institución que hubiere recibido la petición de acceso a la información o el funcionario o a quien se le haya delegado prestar tal servicio en su provincia o región respectiva, deberá contestar la solicitud en el plazo de diez días, prorrogable por cinco días más por causas justificadas que deberán ser debidamente explicadas al peticionario.
Esperamos además que su gestión sirva para sancionar a las personas que nos amenazaron la vida, y de garantías a fundaciones, personas y organizaciones que tratan de frenar y denunciar el tráfico ilegal de madera en el Ecuador.Atentamente
Sr.
Presidente de la Comisión de Control Cívico de la CorrupciónQuito
CiudadDe mis consideraciones
Por el presente documento solicito la intervención de la institución que usted dirige para tomar medidas y señalar responsabilidades en el siguiente delito que paso a explicar y señalo culpables;
El día 1 de junio del 2005. La Fundación Ecotrackers condujo a un grupo de policías de la Unidad de Protección del Medio Ambiente a la captura de los camiones que transportan ilegalmente madera, que proviene de la Reserva Ecológica de los Ilinizas, donde la Fundación hace un trabajo desde el año 2000 para desarrollar el ecoturismo, en el que participa también la Universidad Central. La denuncia fue presentada ante Vigilancia Verde con mas de un año de espera y atendida por finalmente por la policía ambiental ante la negligencia de otras instancias, la diligencia fue hecha por 4 policías a las ordenes del Subteniente de Policía Miguel Mayorga (telf. 099494267), estando al tanto de la operación Vigilancia Verde y la Fiscaliza del Ambiente mediante una denuncia contra el Sr. Nelson Cundulle, principal traficante de madera de la zona.
El resultado de esta operación fue la captura de dos camiones con madera: un camión Hino color blanco de placas XBP-793 conducido por el Sr. Mena Andino Wáshington que transportaba 4m3 de madera canaelo-jigua y otro camión marca Omnibus color azul de placas AAG-988 conducido por el Sr. Macias Cocha Manuel CI 171120170-5 que transportaba tablones de la especie canelo, sin las respectivas guías de movilización y que opera en la zona, como propiedad del Sr. Nelson Cundulle, quien encubre el trafico ilegal de madera, como operaciones de transporte de leche desde hace 20 años, pero acelerada en estos últimos años con la introducción de gente extraña a la zona que operan como motosierristas o taladores del bosque a sus ordenes y financiamiento.
Estos dos camiones y la madera fueron trasladados al cuartes de la UPMA (Unidad de Protección del Medio Ambiente) en la Armenia en el Valle de los Chillos
Señalo que los tablones de la madera de canelo el la madera más cara del lugar y una especie en peligro. Recalco también que ambos vehículos carecían guía de movilización, e indico que los policías también procedieron a filmar y fotografiar el delito y el lugar de origen de la madera, situado en la margen sur del Río Sarapullo y en la margen nor-oriental que corresponden al territorio del área protegida, y que es la fuente de abastecimiento de agua para el proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón considerado prioridad nacional.
Para cubrir la noticia de esta captura acudió al día siguiente a la UPMA el periodista Hector Anchotuña (telf. 09904639) de diario EXTRA, que fue invitado a la captura mas no pudo acompañarnos, pero recogió la información correspondiente y al que puedo presentar como testigo.
Se procedió a presentar el correspondiente parte con la firma de la Coronel Tereza Carraza, Jefa de la Unidad, con el oficio N0. 2005-195-SRN-UPM-PN el día 2 de Junio del 2005 dirigido al Ing. Henry Pico Aguayo. Jefe del Distrito Forestal de Pichincha sobre la captura del camión de placas XBP-793.
De igual el mismo funcionario recibió el Oficio No 2005-203-SRN-UPM-PN con la misma fecha (2 de junio del 2005) sobre la captura del camión de placas AAG-988.
De manera personal me comunique con el Ing. Antonio Tisalema por teléfono (2750322) , que era la persona que había asumido funciones como director Forestal de Pichincha, solicitándole, es más exigiéndole el máximo de honestidad en el procedimiento.
Sin embargo de todo esto, el abogado Dr. Gerardo Tapia Vargas, Secretario de la Junta de Remates en Santo Domingo, en conocimiento del Ing. Antonio Tisalema, POCEDIO A HACER UN REMATE FICTICIO O DOLOSO, sin la publicación del remate en un diario, que demanda la ley, no informo al respecto al denunciante, para que presencie el remate, a pesar de que conocía nuestra intención de rematar la madera y aun cuando sea por simple demostración de pulcritud en el procedimiento, y luego del remate no ha procedido a pagar el 50% del valor obtenido en el remate a la Fundación Ecotrackers, que no sólo fue el denunciante, sino que guió a los policías a la captura, financiando los gastos de combustible y alimentación.
El día 11 de agosto, en las oficinas del Ministerio del Ambiente, donde se realizaba un remate de madera este abogado, se negó airada y autoritariamente a darme información de lo ocurrido con esta madera capturada, indicándome tan solo que ya fue rematada hace tiempo, negándose llamar a su secretaria para a darme la información fidedigna del caso, lo que motivo mi ira. Tampoco han querido informar al respecto ningún funcionario de esta dirección, con la justificación de que el abogado Tapia es el único que maneja estos archivos.
Lo curioso es que la madera que se remataba ese día 11 de agosto 05 en Quito, era la que estaba en UPMA, al igual que capturamos nosotros, que tampoco se había hecho ningún anuncio público por los medios de comunicación para el remate, como en nuestro caso, faltando a lo señalado en la ley y que por algún extraño motivo, a ésta se la remataba en Quito y a que capturamos se la remató en Santo Domingo, sin que nadie pueda explicar el porque hay maderas que se rematan en Quito y las otras no.
Lo mas lamentable de todo es que finalmente la madera volvió, de alguna extraña manera, a los mismos traficantes detenidos, que luego regresaron a la comunidad a intimidar a las personas de Sarapullo que nos apoyan. Los traficantes de madera y deforestadotes ilegales, envalentonados por este acto de impunidad nos amenazaron de muerte. Esto ha repercutido en la pérdida de confianza de la parte la población que nos ayudaba en el proyecto de turismo, que ahora no sólo que se niegan a cooperar con nosotros, sino que se han sumado algunos a los depredadores del bosque o prefieren encubriros y callar.
Existen al momento 4 camiones que continúan con el trafico diario regular y ahora hasta con 2 viajes al día. Al presentarnos en la comunidad con 7 voluntarios, mi hija de 11 años y yo , el día domingo 31 de julio, para hacer nuestro trabajo y acordar un proyecto de desarrollo sustentable con nuestros aliados, fuimos amenazados de muerte por una parte de los moradores de Sarapullo y en especial de la comunidad de Dos Ríos, comunidad de invasores, establecida ilegalmente en la Reserva de los Ilinizas hace 2 años, con la total indiferencia del Ministerio, incapaz de proteger el patrimonio de los ecuatorianos en este lugar.
Estas comunidades que nunca antes se hubieran atrevido a este gesto, nos atacaron como una turba encabezada por el Sr. Guido Reyes, quien ayuda a los traficantes en la fabricación de las ilegales guías de movilización,( nadie en la zona posee escrituras de propiedad de sus terrenos, por ser invasiones a áreas protegidas y este es el requisito básico para sacar madera de un lugar). Empezaron por advertirnos que no entorpeciéramos y calláramos ante el delito que ellos perpetraban en la Reserva y no procedieron una violencia mayor al ver mi determinación de usar el machete que tenía en mis manos. Penosamente y en horas de la noche logramos salir de esta peligrosa situación. Finalmente esta impunidad ha desalentado el trabajo de nuestros voluntarios y del proyecto que llevamos en la zona. Nos toca asistir a una destrucción masiva y violenta de la naturaleza por la corrupción gubernamental.
Todo esto se hizo ante la insensibilidad de la Ministra, que por su negligencia y delito de omisión, manifestado en su desinterés sobre este problema. Esta omisión se ha traducido en la negativa repetida a tomar cartas en el asunto, al no concederme una entrevista que solicité en repetidas ocasiones, desde la segunda semana de Mayo y le volví a insistir varias veces de manera personal ante su oficina y hasta le deje una nota escrita a mano. Además su omisión se manifiesta por su incapacidad para atender la solicitud que le hice por Internet sobre los detalles de los remates de madera, conforme la ley de Transparencia, hechos hace un mes, pedido del que tiene conocimiento el director de capital natural y el director Forestal Nacional, al que también solicite que se nos permita custodiar la madera confiscada y supervisar los remates.
Indico que el delito de se tradujo en que Ministra pretendió agotar mi tiempo, mi paciencia distrayendo mi demanda en un interminable rollo ante funcionarios sin autoridad ni capacidad de gestión, pues dada la descentralización administrativa, ni el director de Capital Natural ni el director Forestal del Ministerio que finalmente me atendieron, tenían autoridad para detener la corrupción que hay en las regionales donde los directores regionales actúan como vice-ministros, y pueden proceder como lo denuncio, encubiertos en sus trampas por los abogados de estos distritos y solo la Ministra, tiene autoridad sobre ellos.
Señalo a la Ministra y su burocratismo, a su falta de carácter, de determinación, su incapacidad para demostrar valentía para ponerse las botas y visitar las zonas de desastre ecológico y castigar los delitos, y sobre todo su desidia y omisión como lo prueba lo ocurrido en el Parque de los Ilinizas.
Esta actitud la convierten en cómplice involuntaria pero responsable por su incapacidad, de los delitos en la deforestación como lo demuestra lo que ocurre en la Reserva de los Ilinizas. Su actitud ha sido indolente a pesar de que esta reserva es básica para los intereses de la Provincia de Pichincha y su proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón.
Por esto, pido a usted la sanción al Director Regional de Pichincha Ing. Antonio Tisalema, al abogado Gerardo Tapia Vargas secretario de la Junta de Remates de la Regional de Pichincha y a la Ministra Anita Albán Mora para lo cual exijo el cumplimiento del Art 20 de la Constitución Política del Estado
Art. 20.- Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados, en el desempeño de sus cargos.
Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y harán efectiva la responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave judicialmente declarada, hayan causado los perjuicios. La responsabilidad penal de tales funcionarios y empleados, será establecida por los jueces competentes
Adjunto los documentos correspondientes y solicito el seguimiento de las investigaciones hasta la sanción correspondiente a las autoridades implicadas directa e indirectamente en estos actos de corrupción y omision. Esperamos que su procedimiento además signifique, el pago a Ecotrackers del valor que le corresponde por la madera de canelo y por las consecuencias que esto ha representado en el desarrollo del Proyecto Sarapullo, pues este dinero será un fondo para pagar la movilización de la policía y los medios a fin de combatir la deforestación en los lugares en que trabajamos.
Solicitamos que se nos permita supervisar los remates y la custodia de la madera ilegal capturada y detenida, conforme lo señala el artículo 120 de la ley forestal. ART. 120.- Sobre la base del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, previsto en la ley, el Ministerio del Ambiente estructurará el Sistema Nacional Tercerizado de Control Forestal como un mecanismo para mejorar la gestión administrativa y la supervisión forestal, incorporando: a profesionales forestales organizados en la Regencia Forestal; a la sociedad civil organizada junto a la fuerza pública en un cuerpo público-privado de control forestal y vida silvestre; y a la iniciativa privada que por delegación del Estado preste servicios de administración y supervisión. Estos elementos, en su conjunto conformarán un sistema de control y verificación eficiente y transparente.
También sirva para detener la corrupción del Ministerio del Ambiente, para lo cual hemos vuelto a insistir ante este Ministerio que se nos de la información de la madera incautada, los remates, las guías de movilización y las autorizaciones de tala de madera, conforme lo permite la nueva Ley de Transparencia para hacerla pública en nuestra pagina Web y motivar la participación nacional e internacional para frenar este delito y fuente de corrupción en el Ecuador apoyados en el Art. 4 y de la Ley de transparencia
Aartículo 4: "Principio de Publicidad.- Por el principio de publicidad se considera pública toda la información que crearen, que obtuvieren por cualquier medio, que posean, que emanen y que se encuentre en poder de todos los organismos, entidades e instituciones del sector público y privado que tengan participación del Estado en los términos establecidos en los Art. 1 y 3 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La información requerida puede estar contenida en documentos escritos, grabaciones, información digitalizada, fotografía y cualquier medio de reproducción".
Art. 14.- Plazo.- El titular de la institución que hubiere recibido la petición de acceso a la información o el funcionario o a quien se le haya delegado prestar tal servicio en su provincia o región respectiva, deberá contestar la solicitud en el plazo de diez días, prorrogable por cinco días más por causas justificadas que deberán ser debidamente explicadas al peticionario.
Esperamos además que su gestión sirva para sancionar a las personas que nos amenazaron la vida, y de garantías a fundaciones, personas y organizaciones que tratan de frenar y denunciar el tráfico ilegal de madera en el Ecuador.Atentamente
posted by eco rastreadores at
9:28 AM
